En enero de 2017, un motín en la cárcel de Manaos, con una duración de casi 17 horas, produjo la muerte de, por lo menos, 60 presos. Durante la misma semana, 33 reclusos murieron en un centro penitenciario de Roraima, después de un motín. Días después, en Rio Grande do Norte, 26 encarcelados perdieron la vida durante el motín en el Centro Penitenciario Estadual de Alcaçuz. A fines del mismo mes, 200 reclusos escaparon del Instituto Penal Agrícola en Bauru, São Paulo. Cuatro episodios diferentes, un mismo problema: la crisis en el sistema penitenciario brasileño.
A pesar de ser situaciones que sucedieron en 2017, no estamos hablando de un problema nuevo. La fragilidad del sistema penitenciario es una realidad en el País. De acuerdo con el Levantamiento Nacional de Informaciones Penitenciarias de 2014, del Ministerio de Justicia, Brasil es la cuarta nación con mayor número de presos en el mundo, quedando atrás solo de los Estados Unidos, China y Rusia. Más de 600 mil personas viven privadas de su libertad aquí. Casi el doble del número de plazas disponibles en prisiones, que es de aproximadamente 380 mil. En 14 años, el aumento de esta población fue de más del 267% y la tendencia es a aumentar aún más. Ese es justamente un de los principales problemas enfrentados.
A finales de 2016, inclusive antes de que las noticias de las rebeliones titulasen los diarios del País, Francisco Inácio Bastos, investigador de la Fiocruz y coordinador de diversos proyectos vinculados a drogas, enfatizó esa cuestión. “Lo que estamos haciendo es aumentar la población carcelaria, que cada vez está en situación más precaria. No estamos resolviendo nada, no estamos ofreciéndole tratamiento a nadie y estamos encarcelando en masa, en sistemas y unidades superpobladas y degradadas”, afirmó en la época.
Las consecuencias de ese contingente cada vez más alto se tornan cada vez mayores. Es lo que cree Patricia Constantino, investigadora de la Escuela Nacional de Salud Pública (Ensp/Fiocruz), que actúa en el Centro Latinoamericano de Estudios de Violencia y Salud (Claves). “La cuestión de la superpoblación impacta en varios aspectos de la vida del preso, desde su día a día - el cotidiano, la forma de dormir y de estar en la unidad penitenciaria -, hasta las condiciones de salud. Cuando hablo de salud es tanto la física, como la mental, pues son dos aspectos que caminan juntos y que esa superpoblación, de alguna manera, impacta”.
La salud, o la falta de ella, es uno de los despliegues más sensibles. Las condiciones precarias de salud conducen a la contaminación y al desarrollo de enfermedades de varios tipos. Es lo que señala Martinho Silva, que fue investigador del proyecto “Del plan a la política: garantizando el derecho a la salud para todas las personas del sistema penitenciario”, realizado por Fiocruz con apoyo de la Fiotec. “La insalubridad de las prisiones coloca las personas que se encuentran recluidas en estas instituciones en una situación de vulnerabilidad, haciendo con que tengan la posibilidad de adquirir otros trastornos y enfermedades, como son los casos de las enfermedades infectocontagiosas, entre ellas la tuberculosis, simplemente por habitar celdas generalmente sucias y malolientes”, explica.
Aún en el mundo de la delincuencia
Además del carácter punitivo, la Ley de Ejecución Penal tiene como función preparar al delincuente para su regreso a la sociedad, la llamada resocialización. La cuestión es: ¿Está siendo cumplido ese objetivo? En tesis, los presos están aislados por una cuestión de riesgo a la sociedad y a sí mismos. Sin embargo, dentro de las propias unidades carcelarias existe el control de pandillas, delincuencia y peligro.
“La sociedad cree que las prisiones están cumpliendo sus papeles. Pero, si pensamos bajo la perspectiva de la resocialización, las unidades carcelarias, tal como están, difícilmente se aproximarán a esa misión. En esas condiciones, lo que se consigue, en la mayoría de los casos, es indignar ese sujeto; es hacer con que se sienta una persona sin valor alguno”, comenta Patricia, que opinó también sobre como esto afecta la identidad de los presos. “Lo que se refuerza allí dentro es la condición del delincuente. En todo momento, o en buena parte del tiempo, esas personas están conviviendo solo con delincuencia, con personas que están en el universo del delito. De alguna forma, eso puede tener una influencia. No es causa y efecto, no es determinismo, pero es un medio donde el delito es el tema. Refuerza esa identidad de delincuente”, dice.
Otros datos hacen aún más alarmante el escenario. De acuerdo con los investigadores, una buena parte de los presos aún no está sentenciada. Otros tantos fueron privados de libertad por hurto o tráfico de drogas, la mayoría en situaciones que no se considerarían de violencia. En contrapartida, otra parte cometió delitos violentos. Esas partes se mezclan en el interior de celas hacinadas e insalubres.
Martinho, explica que cuando hablamos de salud carcelaria es importante separar delito de violencia, ya que no todos los delitos son violentos, y sufrimiento de enfermedad, ya que no todo malestar vivido por cuenta de la situación del confinamiento podría ser diagnosticado como un trastorno. “Aunque las prisiones puedan ser vistas como escenarios en los cuales los maltratos sean frecuentes, la razón por la cual una persona es privada de su libertad no siempre implica agresión física, y a pesar de que muchas personas en situación de privación de libertad presenten tristeza, eso no necesariamente podría ser considerado un trastorno mental antes o después de sufrir la situación de confinamiento”, explicó.
La verdad es que la población carcelaria se encuentra privada del derecho de ir y venir, pero tiene todos los otros derechos garantizados por la ley. Cuando entran en la unidad, los presos necesitan tener acceso a ítems básicos de salud y alimentación. La falta de ellos es el camino hacia un sentimiento de rebeldía o hacia acuerdos internos con otros presos.
“Coger un muchacho de 18 años, que estaba fumando su cigarro de marihuana e incluir ese muchacho dentro de una facción criminal organizada como el PCC (Primer Comando de la Capital) o el Comando Vermelho (Comando Rojo), hace con que, en verdad, terminemos entrenando ese muchacho, para cuando él salga incida en delitos mucho más graves”, opinó Francisco Inácio.
Pensando en soluciones
Reducir el número de presos, evitar el contacto de condenados de baja peligrosidad con facciones criminales, posibilidades de trabajo, mejorar las condiciones de salud. Todas las acciones citadas son ejemplos de cómo ayudar en la solución de la crisis penitenciaria brasileña. En la teoría es más fácil. En la práctica, aún es difícil. ¿Por dónde comenzar?
“Yo creo que el primer paso sería hacer con que esos presos provisionales tengan sus sentencias efectivamente dadas, pues buena parte de ellos ya puede hasta haber cumplido la condena que va a recibir. Eso, con seguridad, disminuiría el número de reclusos. Es además necesario evaluar si para esas personas, inclusive sentenciadas, no habría otro tipo de medida. ¿Será que esas personas realmente necesitan estar presas? ” Se pregunta Patricia.
El mejoramiento de las condiciones de salud también es un punto primordial para la mejora del estado actual del sistema penitenciario. Martinho Silva ratifica la idea. “Iniciativas de participación social de las personas en situación de privación de libertad – ya sea en consejos de salud o a través de la inversión en la formación de decenas de agentes promotores de salud, una especie de ‘agente comunitario de salud’ de la prisión, o inclusive una persona privada de libertad componiendo el equipo de salud – colaborarían en mucho para alterar la situación carcelaria actual”, concluye.
Nacer en las prisiones
A pesar de que las mujeres representan menos del 10% de las personas reclusas en Brasil, entre los años de 2004 y 2010, hubo un aumento del 80% de ese contingente. El grupo merece una atención diferenciada por constituir una porción frecuentemente descuidada. En ese sentido, la Fiotec apoyó, entre los años de 2013 y 2016, al proyecto “Salud materno infantil - Voz de las mujeres”, que tuvo como objetivo conocer la experiencia de la maternidad en situación de custodia, con miras a contribuir en la orientación del desarrollo de políticas que contemplen la atención integral a la salud de la mujer presa.
De acuerdo con el proyecto, más de un tercio de las reclusas embarazadas relataron el uso de esposas en la internación para el parto. Además de eso, el estudio mostró que el 83% tiene por lo menos un hijo, el 55% tuvieron menos consultas de prenatal que lo recomendado, al 32% no se les realizó el examen de sífilis y el 4,6% de los niños nacieron con sífilis congénita. Esos y otros datos darán origen al documental “Nacer en las prisiones”, que presentará los datos y la realidad de esas mujeres en la actualidad. El video está aún siendo producido, no obstante, ya fueron divulgados algunos avances. Véalos:
Nacer en las prisiones: impacto social y Nacer en las prisiones: gestar, nacer y cuidar.